Los grupos paramilitares son una constante en
la historia de América Latina: Colombia ha sido pionera en la implantación de
esta estrategia por parte de los organismos de seguridad del Estado, financiado
y asesorado por los Estados Unidos, en
contra de la oposición política, y al servicio de la empresa nacional y
trasnacional de terratenientes y ganaderos.
Generalmente se venden estos grupos como
“antiguerrilla” insistiendo en que han nacido para combatir a los grupos
insurgentes, pero la realidad es muy distinta. Los grupos paramilitares existen
desde mucho antes para contrarrestar las luchas agrarias ya desde los años 20
del siglo pasado y se reconocieron con nombres como los de pájaros o chulavitas.
Estas estructuras fueron mantenidas bajo la doctrina de seguridad nacional de
los EEUU y su cruzada anticomunista en el continente.
En el Salvador son llamados escuadrones
de la muerte; nacieron como estructuras clandestinas de
los servicios de inteligencia y de los cuerpos de seguridad. La estrategia es
la misma que la que se aplica en Colombia.
Se calcula, así, que de esta forma fueron
asesinados la mayoría de civiles víctimas de la época del conflicto que
significó unos 75.000 muertos en total de los que hizo parte el arzobispo de
San Salvador, Óscar Romero, asesinado en la década de los 80´s.
En pleno siglo XXI, nos encontramos con la
continuidad de estos grupos en Colombia, país que ha exportado dicho modelo.
Con el objetivo de desestabilizar la región ha participado en el accionar
contrarrevolucionario en Venezuela; en
el golpe de Estado en Honduras, y vemos el auge de estos grupos en México
ligados también al tema del narco cuyo engranaje con el Estado es el mismo que
se dio en Colombia durante la última década de 1900.
En Honduras antes y
después del golpe de Estado al gobierno de Manuel Zelaya se denunció la
presencia de fuerzas paramilitares llegadas desde Colombia. En junio de 2009[1],
mes donde se efectúa el golpe, el entonces presidente de Honduras Manuel Zelaya
denuncia el reclutamiento de estos grupos por parte de terratenientes. En
octubre del mismo año, la ONU[2]
lanza una alarma por las constantes denuncias hechas desde las organizaciones
políticas y sociales.
Desde los grupos organizadores de este
conversatorio vemos importante el análisis y la contextualización de este
fenómeno que no es nuevo, que es herramienta activa de la aplicación de las
políticas de terrorismo de Estado en contra de la oposición política, social y
popular. La mano de los gobiernos peones del imperialismo en América Latina
-como es el caso de México
y Colombia- en la desestabilización de la política de integración que se viene
construyendo desde hace unos años en el continente, y el giro de la política de
los E.E.U.U. en Cuba que viene a demostrar un modelo suave de intrusismo para
recuperar el terreno perdido estos últimos años.
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